La Paz - Bolivia, 21 de noviembre.- El abogado defensor del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, Karlo Brito, fue golpeado anoche por personas vinculadas al Movimiento Al Socialismo (MAS) que hacían una vigilia fuera del penal de San Pedro. Otra jurisconsulta tuvo que esconderse en este reclusorio por el temor de ser agredida. La ex máxima autoridad regional desconoció a la Comisión Especial de Diputados y prefirió no declarar.

El grupo de legisladores ingreso en el penal de San Pedro, donde se encuentra recluido Fernández desde septiembre, a las 17.55 para desarrollar la sesión declarativa en un ambiente acondicionado para tal efecto en la sección La Posta.

Las agresiones

Después de salir del penal de San Pedro (20.15), el equipo de defensores de Fernández se dirigía a la avenida Colombia por la Cañada Strongest.

Tenía una guardia de policías de la Unidad Táctica de Operaciones (UTOP), pese a lo cual los manifestantes consiguieron hacer caer a Brito para darle golpes de pie y puño en el piso sin que los uniformados pudieran impedirlo.

El abogado resultó con una herida en el rostro, mientras que Sandra Armanza, también abogada defensora del ex Prefecto, tuvo que regresar con resguardo al interior de la cárcel.

Dos horas después, Brito dijo que no existían “las garantías necesarias para que su defendido sea procesado en La Paz”.

Reiteró su pedido de que Fernández y los obrados del caso sean transferidos a Sucre, tal como pidió el mes pasado una instancia de la Corte Suprema. Adelantó que presentará cargos en la Policía por los golpes recibidos.

La otra agresión ocurrió a las 18.30 contra un vehículo privado marca Renault, con placa de control 1341-XBU, conducido por Ximena de Achá, cuando intentaba circular por la avenida Cañada Strongest. Los manifestantes impidieron su paso golpeando el motorizado, la conductora intentó retroceder hacia la calle Otero de La Vega, hostigada por los manifestantes.

Luego fue alcanzada por un grupo que rompió los vidrios del lado derecho del carro.

La audiencia

A esa sesión asistieron la comisión especial de fiscales integrada por el fiscal Félix Peralta y Eduardo Morales, que también investiga las 18 muertes de campesinos en el Porvenir. Tras dos horas de haberse instalado la audiencia en el sector de La Posta, donde Fernández guarda detención desde el 16 de septiembre, el presidente de la Comisión, René Martínez (MAS), explicó que el ex Prefecto “se acogió al derecho constitucional del silencio” y anunció que esa instancia evaluará esta situación.

Añadió que en la sesión de más de dos horas, los abogados que defienden a Fernández cuestionaron la legalidad de la Comisión de Diputados y argumentaron que el ex Prefecto tiene que ser juzgado por caso de Corte.

Los antecedentes

El 11 de septiembre, cerca de la localidad de Porvenir (Pando), al menos 18 campesinos murieron por impacto de bala.

El Gobierno acusó a los cívicos y a los empleados de la Prefectura de ese departamento de cometer esos asesinatos.

El 12 de ese mismo mes, el Poder Ejecutivo dictó estado de sitio en aquella región para resguardar la seguridad de la población.

Desde entonces fueron detenidas y confinadas 39 personas, quienes fueron trasladadas de Pando a un cuartel de Viacha, en La Paz.

La Comisión Multipartidaria que investiga la masacre del 11 de septiembre en Pando fue creada por resolución de la Cámara de Diputados después de una semana de los hechos.

Esta comitiva parlamentaria está integrada por su presidente, René Martínez (MAS); Gonzalo Lazcano Murillo (MAS), y los vocales Jorge Silva Trujillo (MAS), Arminda Méndez (MAS), William Chávez García (MAS) y Alejandro Colanzi (UN). Renunciaron hasta ayer la vicepresidenta Lourdes Millares (Podemos); Ronald Camargo (Podemos) y Marisol Abán, del MNR.

Esta instancia se encargó de tomar declaraciones a los confinados en el cuartel de Viacha; al director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, coronel Alfonso Vargas (Pando), y al director del Instituto de Investigaciones Forenses, Antonio Tórrez, entre otros.

Este jueves, la abogada de los familiares de los tres normalistas fallecidos en Porvenir, Mary Carrasco, dijo que la comisión de fiscales tenía una nómina de 25 imputados. Pero el fiscal Eduardo Morales negó la existencia de la lista y anunció que en las próximas horas ese equipo del Ministerio Público se reunirá para analizar el caso.

El Gobierno levantará el estado de sitio el 23 de noviembre, a fin de viabilizar el referéndum constitucional del 25 de enero de 2009.

La cívica pandina Ana María Melena dijo ayer a La Prensa, desde Brasilea, que no volverá a Bolivia mientras no haya garantías constitucionales para ella y su familia.

Este jueves, el senador de Podemos Róger Pinto visitó a los refugiados bolivianos que están en Brasil. Dijo ese grupo asciende a mil personas.