
La Paz - Bolivia, 21 de noviembre.- El superintendente de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), Marcelo Zabalaga, propuso este jueves que la legislación boliviana ordene 20 años de cárcel para quienes realicen “estafas piramidales”, tomando como modelo la justicia colombiana.
Según el ente regulador del sector, en los dos últimos años las empresas Roghel, Orión y Pharma estafaron 50 millones de dólares a más de 20.000 personas en el país.
Se calcula que en cinco países de Sudamérica se estafaron 5.000 millones de dólares a más 300.000 personas bajo esta modalidad piramidal.
“Sobre todo, estas estafas tienen un grado de delincuencia, de alevosía y premeditación por parte de la empresa organizadora, hecho que debiera merecer las penas que señala la legislación colombiana, que es de 20 años o más de cárcel”, sostuvo.
La autoridad reconoció que en la legislación boliviana existe la figura de “estafa con víctimas múltiples” que, sin embargo, no es específica y no es comparable al delito de estructura piramidal.
Zabalaga expresó su preocupación por la reaparición de empresas ilegales de intermediación financiera que ofrecen altos intereses y que la gente continúa confiando en ellas pese a las experiencias negativas que reportaron entidades como Finsa, Orcobol y Proactiva en los años 90.
Beneficiarios privados
En el caso de la empresa Roghel, el Superintendente del sector dijo que el Ministerio Público no está cumpliendo su labor de manera eficiente para que la justicia pueda sancionar a los autores.
“Son —insistió— 40 o 44 millones de dólares como ellos mismos dicen, pero no se ha hecho la suficiente investigación y es una crítica que hago a la Fiscalía General”.
Zabalaga agrega que parte del dinero de los ahorristas que confiaron en la empresa Roghel se ha convertido en bienes inmuebles que sólo beneficiaron al dueño de esa entidad, Windsor Goitia, y su familia.
“Básicamente —aseguró— es anotar preventivamente los inmuebles para que después se los venda y liquide a las personas estafadas. Así se podrá reponer en parte a las víctimas con dinero en efectivo”.
Fuente: La Prensa