Fiscalía del Estado admite denuncia contra fiscal Blanco

    La Fiscal General del Estado admitió ayer la denuncia del diputado opositor Rafael Quispe contra el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria, por el delito de incumplimiento de deberes en el caso Fondioc, que dio paso a la liberación sistemática de dos exministras imputadas por corrupción.

El diputado opositor también acusó al fiscal Javier Campero, por el mismo delito (incumplimiento de deberes), porque como entidad defensora de los intereses del Estado y la sociedad.

Recordó que el caso Fondioc se desató en virtud a un informe de la Contraloría General del Estado, que estableció responsabilidades penales contra las dos exministras, y los dirigentes indígenas del MAS, Elvira Parra, Juanita Ancieta, Roberto Machaca y al exministro de Economía, Luis Arce.

Quispe argumentó que desde 2015 no existen citaciones contra esos dirigentes, tampoco actuados ni inspecciones, además que se constituyó una comisión de fiscales, que luego fue desarticulada por el mismo fiscal Blanco y no volvió a conformarse, haciendo que caduque el plazo de investigación en la etapa preparatoria. Tampoco presentó acusación formal que es la base para ir a juicio oral.

En ese contexto, denunció también que esta negligencia encubrió el delito de favorecimiento al enriquecimiento ilícito de varias personas entre ellas Juanita Ancieta, Julián Jala y Felipa Huanca que no fueron investigadas por la Fiscalía de La Paz.

DENUNCIA DE VIOLENCIA

El asambleísta opositor acompañó su solicitud, con una otra denuncia de violencia familiar formulada por Celia Navia, en contra de su esposo Edwin Blanco Soria, quien la agredió físicamente provocándole lesiones que ameritaron tres días de impedimento.

Quispe asegura que este antecedente es suficiente motivo - junto al delito de incumplimiento - para destituir al fiscal Blanco porque no reúne las condiciones de idoneidad, al tener una denuncia por violencia tipificada en la Ley 843, además que uno de los requisitos para ejercer un cargo público, es no tener denuncias de violencia.

El diputado manifestó que dicho caso fue asignado a la fiscal Karina Cuba Chirino, quien el pasado 27 de octubre de 2017, revolvió rechazar la denuncia por razones que fueron catalogadas como “información privada”, porque si bien es un hecho particular, “el delito es de orden público”, comentó.

El Diario.


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