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Derogatoria del Decreto Ley de la Abogacía: Denuncian que Gobierno pretende “acallar” a colegios de abogados

07 de Mayo de 2009, 07:18

La Paz - Bolivia.- El Decreto Supremo número 100 y el anuncio gubernamental de auditarías financieras a los colegios de abogados, además de ser inconstitucionales, tienen la finalidad de acallar a las entidades contrarias a los principios y políticas del actual régimen.


La afirmación corresponde al presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de La Paz, Gerson Nava, a propósito de la derogación del Decreto Ley de la Abogacía, que entre otros, cancela el registro de juristas en esas entidades colegiales del país.


“El registro único de abogados en el Viceministerio de Justicia como establece el Decreto Supremo No. 100, además que busca controlar los gremios y colegios de profesionales, es ilegal porque estas entidades son privadas, por lo que el Gobierno no puede intervenir”, dijo.


Explicó que el proceso de reinscripción de abogados en el Viceministerio de Justicia como establece el citado decreto será una “cacería de brujas”, porque no registrará a los abogados contrarios al Gobierno.


Además el carácter gratuito del registro y los requisitos como “simples fotocopias de títulos”, podrían desacreditar al gremio y arriesgar el ejercicio profesional de los mismos, afirmó.


“Pagar entre 400 y 500 dólares para el registro profesional no es un delito, y además estos cobros se dan en todos los niveles como en los sindicatos de choferes y otros”, expresó a propósito de los argumentos para anular a los colegios de abogados.


Es más, aseguró que de los aproximadamente 9 mil afiliados que tiene el Colegio de Abogados de La Paz, un elevado porcentaje no paga sus cuotas mensuales de 20 bolivianos, por lo que esta entidad se sostiene con otras actividades.


Asimismo, Nava desvirtuó los alcances del decreto en el punto referido a los tribunales de honor. En su criterio estas instancias no pueden ser manejados por el Gobierno, porque “todos los abogados contrarios a su ideología, también serían objeto de persecuciones. “Se desvirtuaría el carácter y espíritu de velar la ética de los abogados en el ejercicio profesional”, expresó.


AUDITORÍAS


En cuanto, al anuncio del ex viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, sobre la realización de auditoria a los colegios de abogados para esclarecer el destino de los recursos económicos que perciben por aportes de sus afiliados, Nava dijo que ese hecho sería otro exceso.


“La actual gestión del Colegio de Abogados de La Paz, presidido por Bernando Wayar, no tiene ningún problema en someterse a todas las auditorias que requieran. Sin embargo, las mismas deben ampliarse a otras gestiones que estaban manejadas por los ahora funcionarios de Gobierno”, dijo en alusión al ministro de Defensa, Wálker San Miguel.


Según Nava, la gestión de Nava dejó una hipoteca de medio millón de dólares, que es pagada por el actual directorio.


Finalmente, dijo que “ante estas arbitrariedades y afanes de acallar a las entidades colegiadas del país por parte del Gobierno”, pidió interponer demandas ante los tribunales nacionales e internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y otros.
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