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la Paz - Bolivia.- El reciente caso de azotes al ex dirigente campesino y ex autoridad de Gobierno, Marcial Fabricano, ratifican los excesos en las agresiones y la incorrecta interpretación de la justicia comunitaria, consagrada en la Constitución Política del Estado (CPE). En ese marco, plantean legislar y promocionar ese concepto.

La apreciación corresponde al viceministro de Justicia Indígena Originaria y Campesina, Valentín Ticona, a propósito de este nuevo hecho ocurrido en Beni, supuestamente en aplicación de la justicia comunitaria.

“El algunas comunidades a título de justicia indígena y originaria cometen barbaridades que nos hacen quedar mal, lo cual no se puede tapar”, afirmó la autoridad gubernamental.

Para Ticona, la mala interpretación la CPE, en el punto referido a la justicia comunitaria, demanda la urgente necesidad de socializar y promocionar el real procedimiento de la justicia en los pueblos indígenas.

En su criterio, el desconocimiento y mala interpretación de ese concepto, impiden la complementación de las jurisdicciones indígenas y la ordinarias y con ello garantizar la buena administración de justicia, en el marco de la nueva CPE.

“Durante seis años he administrado la justicia indígena originaria. En ese tiempo veo que, algunas veces, se cometen excesos por problemas serios de conceptos. El pueblo indígena ya tiene otra realidad. Actualmente, no se entiende y todavía costará algún tiempo en hacerlo”, sostuvo Ticona.

Ante estas limitaciones y deficiencias, el Vicemisterio de Justicia Indígena Originaria y Campesina realizó dos encuentros nacionales, sobre reconstitución de la justicia indígena comunitaria.

A la fecha, se continúa recogiendo insumos para elaborar un anteproyecto de ley para la aplicación de la justicia comunitaria en e país, manifestó el dignatario de Estado.

No obstante, Ticona destacó que algunas comunidades mantienen intactos sus principios y valores, lo que amerita fortalecer y socializar los mismos.

Además de la falta de difusión y socialización de los valores y principios de la justicia comunitaria contemplada en la nueva CPE, se suma la ausencia de normas que regulen la misma. Estas barreras ocasionan “el choque de culturas”, afirmó.

“En ese marco, el Viceministerio a mi cargo, prioriza las políticas y normas para la correcta aplicación del concepto de justicia comunitaria”, dijo Ticona.

Sin embargo, admitió que esta cartera de Estado carece de recursos económicos suficientes para implementar esas acciones.

SANCIONES

Según la apreciación de Ticona, en el caso de la agresión a Marcial Fabricano y los despojos de propiedades del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y la diputada Marleny Paredes, se cometieron excesos a título de la aplicación de la justicia comunitaria.

En ese entendido, la autoridad gubernamental considera que estos hechos deben ser procesados y castigados los responsables.

Aunque, en su criterio, los afectados, también deben ser sancionados por las causas que motivaron a los originarios, campesinos e indígenas a azotarlos, expulsarlos o despojarlos sus propiedades.

“Se tiene que hacer una comparación con la justicia ordinaria, como la traición a la Patria que es penado con 15 años a la cárcel”, afirmó.
El Diario