FM Bolivia

La Paz - Bolivia.- El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas inmovilizó los recursos de las prefecturas de Chuquisaca y de Pando. En el primer caso, debido a que hubo errores en la presentación de la ejecución presupuestaria correspondiente al mes de mayo y; en el segundo, porque no presentó la ejecución presupuestaria mensual de ingresos y gastos.

En el caso de Chuquisaca las observaciones se refieren principalmente a que la Prefectura de ese departamento reporta la ejecución presupuestaria de recursos y gastos con cifras negativas. Este error fue admitido por los funcionarios de la Prefectura, sin embargo, hasta la fecha no remitieron la explicación sobre la observación efectuada por el Ministerio de Economía.

Al respecto la prefecta de ese departamento, Sabina Cuellar, criticó la actitud del Ministerio de Economía y Finanzas, y dijo que el congelamiento que hicieron es porque se avanzaba en la ejecución del presupuesto.

PANDO

El congelamiento de cuentas a la Prefectura de Pando, se realizó en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 2042 de Administración Presupuestaria y del artículo 57 de la Ley del Presupuesto General de la Nación, que dispone que hasta el 20 del subsiguiente mes, las instituciones públicas tienen que presentar sus informes de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas procedió a la inmovilización de recursos de otras entidades públicas por observaciones a la ejecución de su presupuesto o la falta de información.

Las instituciones afectadas con esa disposición son: el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), la Universidad Juan Misael Caracho de Tarija; la Empresa Misicuni de Cochabamba; la Administración Autónoma para Obras Sanitarias de Potosí; el Depósito Aduanero de Bolivia; la Mutual de Seguros del Policía (Musepol); y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero (Fondesif).

El congelamiento de las cuentas fiscales se da por varias razones, entre ellas, problemas de ingobernabilidad, en los municipios; incumplimiento de plazos para la entrega de información sobre sus Programa de Operación Anual (POA); ejecuciones mensuales de gastos e ingresos y estados financieros.