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Nueva ley minera obliga a cambiar contratos y elimina concesiones

16 de Diciembre de 2009, 06:15


La Pa - Bolivia.- La nueva ley minera que proyecta el Gobierno para su aprobación en 2010 obligará a las empresas de todo el sector a cambiar a nuevos contratos, eliminará las concesiones privadas y revertirá al Estado aquellas que no cumplan la función económica. Las comunidades donde se desarrolle algún emprendimiento recibirán regalías.


El director de Minería, Freddy Beltrán, informó a La Prensa que con estos ajustes el sector se adecuará a la Constitución Política del Estado (CPE), que estipula que el Estado es dueño de los recursos naturales.


En el caso de las cooperativas, la mayoría tiene una relación contractual de arrendamiento y eso no se modificará, tampoco se tocará a las que tienen concesiones para la explotación de oro en el norte de La Paz.


Para la minería chica se establecerán contratos tipo que si son de arrendamiento deberán adecuarse.


Según estimaciones del Ministerio de Minería, existen 25 operaciones de minería mediana a cargo de 11 empresas, 3.000 mineros chicos con 2.000 operaciones, 600 operaciones de cooperativas mineras y 1.000 de no metálicos.


Este medio no pudo ubicar a ningún ejecutivo de la minería mediana para conocer su opinión al respecto, pero en el país se calcula que hay más de 10.000 concesiones mineras.


Datos del Banco Central de Bolivia (BCB) dan cuenta de que al mes de junio la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector minero bajó de 235,7 millones de dólares en 2008 a 53,7 millones en esta gestión debido a la conclusión del plan de inversiones de San Cristóbal.


Las disposiciones transitorias de la Carta Magna estipulan que en el plazo de un año, a partir de las elección de los órganos Ejecutivo y Legislativo, “se dejarán sin efecto las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros concedidas en las reservas fiscales…”.


También señala que en el mismo plazo las concesiones otorgadas con anterioridad a la CPE deberán acomodarse a través de nuevos contratos.


“La CPE dice que los recursos naturales son de propiedad de todos los bolivianos y los recursos del subsuelo deben ser administrados por el Estado, ya no existe la posibilidad de la propiedad privada del recurso natural”.


La autoridad contó que en la actualidad cualquier empresa o persona obtiene una concesión y puede mantenerla durante años sin trabajar y sólo pagando la patente anual. En su defecto, la entrega en garantía para obtener un crédito en el sistema financiero o la transfiere a sus herederos, pese a que son recursos de todos los bolivianos.


Aclaró que las operaciones mineras donde se han hecho inversiones y existe actividad sólo deben cambiar a nuevos contratos porque el objetivo de la nueva norma no es afectarlas, pero si no trabajan se las revertirá al Estado.


“Las concesiones que no cumplan una función económica serán revertidas directamente a poder del Estado, que podrá trabajarlas si considera que eso tiene la posibilidad de ser trabajado. Los que no trabajan la concesión no podrán tener propiedad, los que la trabajan pueden hacer un nuevo contrato”.


Los nuevos contratos podrán ser de riesgo compartido, arrendamiento o mixtos, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) definirá las modalidades.


Beltrán también confirmó que la nueva ley minera proyecta ajustes a nivel impositivo y particularmente en el régimen de regalías, no para subir o bajar la tributación, sino para corregir errores que se presentaron hasta ahora.


Explicó que antes el 100 por ciento de las regalías mineras beneficiaba a la prefectura del departamento y sus autoridades tenían independencia en su uso.


Luego se hizo un ajuste y se determinó que al menos un 15 por ciento se distribuya en el municipio donde está ubicada la concesión. “Pero la regalía debe llegar a comunidades donde está ubicado el emprendimiento minero”.


La modificación —precisó— es necesaria porque existen emprendimientos como el de San Cristóbal que generan bastante dinero y pueden convertir a un solo municipio rico en recursos económicos y dejar a los que están a su alrededor sin ningún beneficio directo.


Los contratos vigentes deben adecuarse a la nueva Constitución.


Datos


El actual Código de Minería tiene vigencia desde 1997, aunque hace dos años se hicieron ajustes.


En 2006 se modificó el sistema impositivo para que las empresas paguen más en época de precios altos.


En 2007, el Gobierno decretó reserva fiscal a todo el territorio y no se aprobaron nuevas concesiones.


Desde la vigencia de esta obligación cualquier nuevo contrato debe ser de riesgo compartido.


El Gobierno anuncia para 2010 una nueva ley minera como una de sus prioridades.


La actividad en 2008 se benefició de un auge de precios internacionales que luego bajó por la crisis.
La Prensa


 

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