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La Paz - Bolivia.- Con señales de preocupación política reaccionaron ayer autoridades del Ejecutivo y Legislativo, tras la voz de alerta lanzada por cuatro ex mandatarios que denunciaron al MAS de pretender llevarlos a un tribunal de juzgamiento, donde el presidente Evo Morales es “juez y parte” al plantear la acusación y posesionar a los magistrados que llevarían adelante sendos juicios de responsabilidades por la firma de contratos petroleros desde 1993.

Los ex presidentes Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Velzé, y el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, denunciaron al gobierno de Evo Morales de impulsar en la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Juicio de Responsabilidades contra Altos Dignatarios de Estado, que viola los principios constitucionales, Tratados y Declaraciones Internacionales.

El presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez, a tiempo de calificar de a priori la opinión de los ex mandatarios, aclaró que no existe aún norma oficialmente aprobada sino en fase de tratamiento que “puede sufrir modificaciones y cualificaciones tanto en el Senado como en revisión en la Cámara de Diputados”.

“Esos son elementos de debate que nos van a permitir hacer modificaciones a este proyecto de ley”, dijo a tiempo de calificar de iluso pensar que se estaría violando algunos derechos porque “habrá que esperar para tener la norma, ya oficial, y empezar a desglosar su contenido”.

Los ex mandatarios pidieron mantener el principio de la irretroactividad de la ley penal, anular el artículo transitorio que reconoce legalidad del Tribunal de Juzgamiento con magistrados interinos, e instituir la figura de apelación, aspecto que el proyecto de ley no contempla.

El presidente de Diputados, Héctor Arce, dijo que primero tiene que haber la norma y aclaró que la ley observada “no ha sido pensanda en los juicios pendientes que deben tratarse en el Congreso”. La jefa de bancada del MAS, Rebeca Delgado, sostuvo que los ex presidentes serán juzgados por la ley vigente.

NI MORALES NI GARCÍA

Por la mañana ni el presidente Evo Morales ni el vicepresidente Alvaro García Linera, respondieron a la denuncia, menos a la carta dirigida a ellos y la presidenta electa del Senado, Ana María Romero, mandando a dos ministras y un viceministro que calificaron de “a priori” la opinión de los ex mandatarios.

Las ministras de Transparencia, Nardo Suxo; Defensa Legal, Elizabeth Arismendi; y el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, ofrecieron una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, donde aclararon que actualmente no existe ningún proceso establecido en contra de las ex autoridades.

Calificaron el comunicado de los ex mandatarios como una posición política “para estigmatizar la aprobación de la ley con denuncias sobre supuestos peligros en su contra".

Las tres autoridades aclararon que si los procesados ven vulnerados sus derechos, tienen la posibilidad de pedir la excusa de los magistrados y negaron vulneración a los derechos y garantías constitucionales, menos contravenciones a los tratados internacionales.

Arismendi dijo que la ley “les otorga (a los ex mandatarios) los instrumentos necesarios. Uno de ellos son los tratados internacionales que están en vigentes, no es necesario hacerlos valer con estas denuncias a priori, sino más bien hacerlos efectivos ante la autoridad que corresponde”.

Por su lado, la ministra Suxo lamentó la desinformación a la ciudadanía provocada por los denunciantes y aclaró que en todo caso, si hay juicio de responsabilidades será ventilado con la ley vigente y en ningún momento con la que se tramita en la Asamblea.

Explicó que cuando el presidente Morales posesionó en febrero a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, fue para atender casos anteriores irresueltos. “Por eso decimos que es un tema que tiene que verse desde la óptica jurídica, si realmente esa es su intención y no política como lo están haciendo”.

Aconsejó a los ex mandatarios asesorarse mejor porque “no han comprendido que la Ley de Responsabilidades que analiza la Asamblea Legislativa no contempla la retroactividad”.

Tanto Suxo como el viceministro Chávez recordaron que las mismas ex autoridades aprobaron la Ley que ahora cuestionan. "Su reacción parece que es un anticipo de confesión y de culpabilidad, cuando no existen procesos en su contra", expresó la Ministra.
El Diario