Bolivia, 21 de noviembre.- El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández aclaró ayer que después de que el Estado de Sitio en Pando sea suspendido por el Gobierno el domingo 23, tal como lo comprometió el presidente de la República Evo Morales, el caso del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández debe ser conocido e investigado por el Fiscal General de la República, Mario Uribe.

El magistrado dijo que una vez extinguido el estado de excepción, “será la justicia boliviana la única competente para resolver este conflicto y ya no habrá un desencuentro entre el Ejecutivo y el Poder Judicial”.

La detención de Fernández que permanece en la cárcel de San Pedro desde mediados de septiembre ha provocado un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Un Tribunal de Garantías Constitucional de Sucre sentenció que Fernández debe ser trasladado a esa ciudad para ser sometido a un juicio de responsabilidades. El Gobierno se negó a cumplir esa sentencia constitucional imperativa y atacó a los magistrados del caso con insultos y procesos por prevaricato.

El Presidente de la Suprema dijo que “no tiene porque haber” un enfrentamiento entre dos poderes del Estado y anunció que después de suspendido el Estado de Sitio “la justicia desarrollará su competencia para determinar en definitiva que es lo que compete después del 23 de noviembre”.

El magistrado Fernández ratificó el fallo de la Corte de Chuquisaca que dio procedente al hábeas corpus presentado por la defensa del Prefecto Fernández. “Nosotros estamos convencidos que en el país se debe aplicar la Constitución Política del Estado y las leyes y estas normas determinan que cuando los altos funcionarios (de Estado) cometen delitos en el ejercicio de sus funciones, pues son sometidos a juicio de responsabilidades; eso lo determina la norma, proceder en contrario supone más bien adquirir también responsabilidades”, advirtió.

Dijo además que la Fiscalía General de la República es la responsable de la acusación cuando se trata del proceso contra autoridades que gozan de “caso de corte” o juicio de responsabilidades.

El Presidente de la Suprema también desestimó el trabajo de la Comisión de Diputados del MAS que investiga las muertes registradas el 11 de septiembre en Pando.

“Se pueden constituir comisiones, los propios ciudadanos, los sindicatos se pueden organizar, pueden crear comisiones para recabar informaciones, para averiguar hechos, pero en realidad quien tiene la palabra, quien lo hace oficialmente y con el poder además previsto en la Constitución es el Fiscal General”, dijo Fernández.

Calificó el trabajo de la Comisión del MAS como “informativo” que “seguramente como una especie de coadyuvar a la administración de justicia”.

El 15 de septiembre, el Fiscal General inició de oficio un proceso penal, en el marco de un juicio de responsabilidades, en contra de la ex autoridad de Pando por la presunta comisión de delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta, informó ayer ANF.