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Usos y costumbres no pueden estar por encima de las leyes

14 de Marzo de 2009, 09:34

Sábado.- 14 de marzo.- Las declaraciones del alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas en sentido de que el vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas debe dialogar con vecinos y autoridades de la comunidad Sank’a Jawira para resolver el problema de la toma ilegal de su propiedad, fueron cuestionadas duramente por sectores de la oposición.


Al respecto, el analista Carlos Cordero aseguró que los usos y costumbres indígenas no pueden estar por encima de las leyes que regulan el Estado de Derecho y que lo que se ha producido en esa región altiplánica es una quiebra del Estado de Derecho, y una interpretación arbitraria de los movimientos sociales y las comunidades respecto a la propiedad.


Mencionó que la propiedad está reconocida en la nueva Constitución Política del Estado y las leyes como algo que uno adquiere y tiene por derecho, y que las cosas no se resuelven hablando sino que cuando hay un conflicto los problemas se resuelven en los estrados judiciales y con decisiones que quedan escritas y con un Estado que hace cumplir las decisiones del juez


En su criterio, el conflicto por la toma de la vivienda del ex dignatario y la posterior agresión de su familia, es un problema entre la justicia ordinaria y la justicia “informal y caprichosa” denominada comunitaria.


“Es una disputa en el cual el ex Vicepresidente está pidiendo el apoyo del Estado y la vigencia de las leyes”, acotando que el Alcalde de Achacachi está pretendiendo defender algunas acciones absolutamente arbitrarias de parte de los comunarios y de la dirigencia sindical de la región.


Hace unos días, el alcalde Achacachi, Eugenio Rojas aportó con su declaración a incrementar las críticas contra el accionar de los pobladores de Sank’a Jawira, asegurando que Cárdenas debería “arreglar” el problema “directamente con sus vecinos”, sugiriendo con ello no tomar en cuenta a la justicia ordinaria.


Tras la toma de la vivienda de los Cárdenas, una lluvia de críticas cayó contra este hecho desde todos los sectores: opinión pública, partidos políticos y voces internacionales.


Todas las críticas involucraron al Gobierno detrás de este suceso, porque otro de los motivos que argumentaron pobladores de Sank’a Jawira que tomaron la casa de Cárdenas decía que éste tiene “un pasado nefasto” y por tal motivo, debe “rendir cuentas a su comunidad”.


Cárdenas –a juicio del politólogo– recurrió a la justicia ordinaria en busca de solución a la toma ilegal de su vivienda porque “no existe aún jurisdicción de la justicia comunitaria”.


PUGNA


Para el analista, el problema de fondo a obedece a una pugna fuerte entre el Estado de Derecho y la cuestionada justicia comunitaria, añadiendo que si en estos días tuviésemos definidas las competencias de esta clase de justicia, las personas afectadas por un hecho de esta naturaleza tendrían la prerrogativa de decidir a qué tipo de justicia se quieren someter.


La nueva Constitución Política del Estado reconoce a la justicia comunitaria como patrimonio de los usos y costumbres de los pueblos indígenas originario campesino, pero aún no existe una ley concreta que defina sus competencias y limitaciones.
El Diario

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